Viernes 27 enero 2023 |. 22:00 horas

El negocio criminal que explota sexualmente a jóvenes venezolanas en Chile no ha parado de crecer. Los clientes se cuentan por miles y para la justicia no ha sido fácil frenar las redes de trata. Buena parte de sus integrantes son ciudadanos extranjeros sin papeles legales en Chile, por lo que cuesta seguirles la pista. Las víctimas, entre las que hay menores de edad, también están en situación irregular. Sin redes, con miedo y desconfianza, son presa fácil de los grupos que las capturan y les imponen cuotas imposibles de pagar. Quedan presas de las deudas y las amenazas. Pero también de los secuestros y la extorsión. A una joven de 21 años la obligaban a prostituirse en Rancagua mientras tenían a su hija de tres años secuestrada en Santiago. Este jueves la fiscalía desbarató una banda que funcionaba en la Plaza de Armas, y que ocupaba el Portal Fernández Concha como prostíbulo sin control. El Ministerio Público logró rescatar a seis de sus víctimas.

“Las rutinas de la semana eran asquerosas. Me tenían unos tipos asquerosos. Estar en esa plaza… esa plaza asquerosa. Tenía que hacer dinero: $300.000 diarios. Pero yo no era capaz de hacer ni $100.000”. El testimonio es de una joven venezolana de 20 años que logró escapar de sus captores tres días antes de la navidad del año pasado. Su historia en Chile comenzó a fines de noviembre de 2022, cuando cruzó la frontera por un paso irregular desde Bolivia.

El 1 de diciembre llegó a Santiago. Ese día estaba en la Plaza de Armas cuando se le acercaron dos hombres que le preguntaron si era “la multada de Luis Lavilla”. La multa es el dinero que las redes de trata de personas le cobran a las extranjeras que traen a Chile por los costos del viaje. Y a ellas les dicen las multadas. El viaje es a través de pasos irregulares por todo el continente. A la muchacha venezolana de 20 años, a quien llamaremos María, le cobraron una multa de $5 millones. Su periplo partió en Venezuela y siguió por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, desde donde la cruzaron a Chile.

Luis Lavilla es el apodo de un venezolano que cumple prisión preventiva en la cárcel Santiago 1 desde julio de 2022. Desde ahí dirige una banda criminal dedicada a explotar sexualmente a mujeres jóvenes. María fue una de sus víctimas. Eso hasta el 21 de diciembre, cuando ella logró escapar y fue a estampar la denuncia en un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI).

Esa denuncia ayudó a que la fiscal Carolina Suazo -de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, especializada en delitos de tráfico de personas-, pudiera seguir uniendo cabos. Antes, el 28 de noviembre, una fiscalización de la PDI en la Plaza de Armas había detectado que una adolescente de 17 años estaba siendo obligada a prostituirse. Ella fue la primera víctima rescatada en la causa judicial que la madrugada de este jueves 26 de enero dio el golpe de gracia.

Ocho domicilios fueron allanados en las comunas de Santiago, Independencia y Puente Alto. Seis personas fueron detenidas. Otros dos imputados están en la cárcel por otras causas, y otros dos se mantienen prófugos. Siete son venezolanos, dos son colombianos y uno es chileno.